La UBA pide una suba del 137% en su presupuesto

 

La Universidad de Buenos Aires puso el grito en el cielo porque ya fijó su gasto presupuestario para 2009 y dice que el Ministerio de Educación le dará mucha menos plata de la que necesita para afrontar los costos básicos, como sueldos, mantenimiento e infraestructura. Desde el Gobierno, en tanto, se sorprendieron por la reacción alarmista de la UBA, ya que el Congreso todavía no aprobó el presupuesto nacional.

En un inédito alarde de previsión, el Consejo Superior de la UBA aprobó el anteproyecto para el próximo año. Según sus cálculos, la universidad necesita $ 2.454 millones para funcionar normalmente, un 137% más de los $ 1.051 millones asignados a la universidad este año. A todo el sistema universitario, el Estado destinó en 2008 unos $ 6.000 millones.

Sin embargo, no son optimistas con que el Estado les asigne semejante cantidad de dinero. Firmada por los decanos y consejeros -la mayoría de ellos, con buena llegada a distintos sectores del kirchnerismo-, la resolución manifiesta en vistas a 2009 «su más profunda preocupación por el techo presupuestario de $ 1.130 millones asignados por el Ministerio a la UBA».

Las autoridades se encargaron de remarcar que ese monto no cubre, siquiera, el pago de los salarios. Si se nos pide mayor calidad educativa, debemos invertir más allá de los docentes, en equipamiento para la formación de nuestros egresados de grado y posgrado , señaló el rector de la UBA, Rubén Hallú. En tanto, en Educación prefirieron no entrar en polémicas. Con el secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, fuera del país, voceros del ministro Juan Carlos Tedesco mostraron sorpresa por el reclamo de la UBA: No sabemos de dónde sacan ese techo del que hablan. El Gobierno está definiendo el presupuesto nacional que aún no ingresó al Congreso. Eso implica que el presupuesto educativo todavía está abierto .

 

El rector de la UBA explicará la situación de la sede Merlo

Rubén Hallú informará las medidas que tomará la Universidad de Buenos Aires respecto al Ciclo Básico Común de ese punto, copado hace 70 días por alumnos que impiden el traslado

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Rubén Hallú (foto), informará hoy las medidas que tomará con respecto al Ciclo Básico Común (CBC) de la localidad bonaerense de Merlo, donde desde hace 70 días pernoctan estudiantes en contra del cierre de esa sede.

Hallú ofrecerá una conferencia de prensa a las 15:30 junto a sus asesores, en la sede del Consejo Superior de la UBA, ubicada en Viamonte 444.

Unos 3.500 alumnos debían iniciar allí el cursado del CBC, pero el 27 de marzo pasado se enteraron de que el convenio entre la UBA y el municipio -que permitía el dictado de las clases- fue rescindido y que debían optar por otras dependencias, en Capital Federal o en el norte del Gran Buenos Aires.

En tanto, hace más de dos meses, cientos de alumnos ocupan el edificio de Merlo e impiden que se realiza el traslado a otra sede.

Fuente: Télam

 

La FUBA justificó la protesta violenta del Rectorado y se declaró «una víctima»

Su presidente, Cristian Henkel, aseguró en Radio 10 que el copamiento del edificio de la UBA «no fue violento». El activista reconoció que hace 7 años que va a la Universidad y que es militante del Partido Obrero

Ayer, un centenar de militantes universitarios irrumpió en forma violenta en el Rectorado de la UBA, donde sesionaba el Consejo Superior, y mantuvo encerrados por dos horas a los consejeros en reclamo del normal funcionamiento del Ciclo Básico Común (CBC) de la localidad bonaerense de Merlo.

Los miembros de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) exigieron que el organismo máximo de la UBA apruebe un acta acuerdo que garantice la continuidad de las clases en esa sede bonaerense de Merlo.

Hoy el presidente de la FUBA, Cristian Henkel, dialogó con el programa Cada Mañana de Radio 10 e increíblemente negó los destrozos en el copamiento del Rectorado, que terminó con todo el interior de la sede y su fachada con pintadas en aerosol.

«No se ha roto nada en el Rectorado», afirmó el dirigente del PO.

Es más, Henkel consideró que son ellos las«víctimas» de esta situación y cuestionó la figura del rector, Rubén Hallú.

«Nuevamente asistimos a un intento en el cual los victimarios pretendieron convertirse en víctimas. Los responsables de esta situación», argumentó Henkel.

Y agregó: «Ayer vimos al rector Hallú saliendo por el conjunto de medios difamando y atacando a los estudiantes del CBC de Merlo», en referencia a las declaraciones del rector después del copamiento del Rectorado que duró horas.

Como si fuera poco, el jefe de la FUBA consideró que las decisiones por parte del Rectorado son violentas y no así la toma que ayer protagonizaron.

«La palabra violencia responde para nosotros muy claramente a lo que ha sido este conflicto de Merlo», soltó.

El activista reconoció que hace 7 años que va a la Universidad y que es militante del Partido Obrero.

 

La FUBA llevó la protesta al Ministerio de Educación

Un asesor del ministro Juan Carlos Tedesco recibirá a diez miembros de la FUBA para escuchar el reclamo. Quieren que medie por el cierre de la sede de Merlo. La UBA dijo que «sigue trabajando por la solución del conflicto»

La FUBA volvió a autoconvocarse frente a las puertas de la sede del Rectorado -Viamonte 430- para irrumpir en la sesión del Consejo Superior de la Universidad, tal como hicieron el miércoles pasado.

Sólo que esta vez la Policía cerró la calle con un vallado -protegido por una treintena de efectivos- para evitar los destrozos que se sucedieron la última vez, cuando los mismos grupos rompieron la puerta de la sede y dejaron pintadas en la fachada y en el interior del edificio.

Al respecto, se refirió la dirigente de la FUBA, María Damassena: «Sólo pedimos que se reúnan. No se puede esperar más. Ya se abrió la inscripción del segundo trimestre y no se sabe si habrá sede».

Sin embargo, las autoridades de la Universidad les negaron el pedido después de la violencia que mostraran en el copamiento de la semana pasada.

En respuesta, una columna de militantes de la FUBA marchó hacia el Ministerio de Educación para pedir que las autoridades nacionales intercedan en el cierre de la sede de Merlo. Quieren que sea el mismo ministro Juan Carlos Tedesco quien se encargue de mediar.

Hace instantes, el jefe de Seguridad les adelantó que un asesor del ministro recibirá a diez de ellos para escuchar su reclamo.

La justificación de la violencia
El miércoles pasado, un centenar de militantes universitarios irrumpió en forma violenta en el Rectorado de la UBA, donde sesionaba el Consejo Superior, y mantuvo encerrados por dos horas a los consejeros en reclamo del normal funcionamiento del Ciclo Básico Común (CBC) de la localidad bonaerense de Merlo.

Los manifestantes acompañados de dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), «rompieron las puertas del inmueble» y mantuvieron «encerrados a los decanos».

Investigan a los activistas
Al término de los violentos hechos del miércoles pasado, la máxima autoridad de la Universidad de Buenos Aires, el rector Rubén Hallú, adelantó que iniciará un sumario «para detectar a los responsables» de los incidentes.

«Estoy profundamente preocupado. Desde que volvió la democracia nunca se produjo un hecho de esta naturaleza. Ya no importa qué es lo que se reclama. Estos muchachos ingresaron a una sala donde estaban sesionando consejales, profesores y decanos y, bajo amenaza, les dijeron que si no firmaban lo que pedían no los iban a dejar salir», lamentó Hallú.

 

La UBA emitió un informe sobre el accionar de los medios durante el lock out

   

05/04/08 |  La Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de altos estudios presentó un estudio en el que realizó un pormenorizado análisis sobre la cobertura de la prensa con respecto al paro agropecuario. Concluyeron que hubo numerosas expresiones discriminatorias y solicitaron una campaña de concientización.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires expresó este viernes su repudio a las expresiones discriminatorias vertidas en los medios de comunicación, con motivo del conflicto provocado por el lock-out del campo y solicitó al Estado una campaña de concientización.
Tras el análisis en distintos medios, el Consejo Directivo dictó una resolución que exhorta al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) para que en el ámbito de facultades realice «campañas para la difusión de cuestiones de interés público que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias».
También le pide al ente gubernamental que proceda a «realizar actividades previstas en el Plan Nacional contra la Discriminación, y que se emita por radio y televisión el seguimiento de los contenidos de las emisiones referidas en los considerándos y se difundan las conclusiones».
Asimismo, el Comfer deberá realizar investigaciones a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública «expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho».
Para concluir la resolución, el Consejo Directivo pidió que se invite a las distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las «faltas éticas graves» que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto.
La Facultad de Ciencias Sociales señaló que si bien los medios de comunicación son empresas configuradas como comerciales, «cabe reclamársele responsabilidad ética y función social distintivas».
«Han existido expresiones de periodistas no corregidas, ni enmendadas por colegas o sus superiores, que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelen», afirmaron.
Asimismo, los observadores indicaron que «el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencias de clases ante formas similares de reclamo de derechos».
La Facultad también mencionó la «notoria ausencia» de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron y que todas estas cuestiones ponen de manifiesto «la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a la información plural».
Finalmente, el Consejo Directivo destacó que los propios periodistas, a través de sus organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación.
«Pero además existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometan acciones discriminatorias», concluyó el texto que lleva las firmas del decano, Federico Schuster, y del secretario de gestión institucional, Gustavo Bulls